Bajo una intensa lluvia, la marcha del 3J superó todos los récords de convocatoria en la provincia. Las columnas, que contaron con una inédita participación de varones y clubes de fútbol, confluyeron en el Patio Olmos. El documento de cierre exigió la destitución del fiscal Garzón y la salida del ministro Quinteros.
Una marea humana de proporciones inéditas paralizó el centro de la capital cordobesa en lo que ya se consolidó como la movilización más masiva de la historia de la provincia. Alrededor de 100 mil personas desafiaron las malas condiciones climáticas y coparon las avenidas céntricas en el marco de la marcha federal del Ni Una Menos. La convocatoria superó ampliamente el récord previo de 60 mil asistentes registrado en la edición fundacional de 2015. El corazón de la columna principal estuvo encabezado por los abuelos y tíos de Agostina Madeleine Vega (14), quienes marcharon portando remeras con el rostro de la adolescente y transformaron el dolor comunitario en un enérgico grito de resistencia colectiva.
El trayecto, que unió la intersección de Colón y Cañada con las inmediaciones del Patio Olmos, exhibió una marcada fisonomía de transversalidad civil. Una de las principales particularidades de la jornada fue la masiva e inédita participación de varones, agrupaciones de hinchas de los clubes de la Liga Cordobesa y diversos sectores sociales que adhirieron a la necesidad de deconstruir las conductas de violencia de género. Entre la multitud también se constató la presencia de figuras del arco político local, como Liliana Montero y Victoria Flores. Las pancartas unificaron el reclamo de justicia por Agostina con las exigencias de aparición con vida de Delicia Mamani Mamani —la estudiante desaparecida en Malagueño—, denunciando una falta estructural de perspectiva de género en los estamentos del Estado.
El momento de mayor voltaje institucional se vivió durante la desconcentración en los alrededores del centro comercial, donde las organizaciones organizadoras dieron lectura a un durísimo manifiesto político y judicial. El documento arremetió de forma directa contra los encargados de gestionar la seguridad y la instrucción penal en la provincia. Referentes del colectivo civil, acompañados por dirigentes territoriales, exigieron formalmente el jury de enjuiciamiento para el fiscal Raúl Garzón y la renuncia inmediata del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Argumentaron que la cúpula oficialista no activó los protocolos de búsqueda inmediata de manera eficiente y ejercieron una revictimización sobre la madre de la menor asesinada.
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