El peronismo, la izquierda y bloques dialoguistas coordinan una estrategia para obligar al jefe de Gabinete a comparecer en un plazo máximo de siete días. Con un PRO que ya no descarta aportar al quórum para los emplazamientos de comisiones, el arco opositor busca forzar el debate político de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito tras las polémicas rectificaciones patrimoniales del funcionario.
La presión del Poder Legislativo sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó una nueva y compleja estrategia regulatoria. En una acción coordinada entre el kirchnerismo, la Izquierda y diversas bancadas de la oposición dialoguista, los legisladores avanzan decididamente para concretar su interpelación inmediata, como paso previo y obligatorio al debate de una histórica moción de censura. Tras la presentación de su última declaración jurada, donde admitió ante la Oficina Anticorrupción haber ocultado 500.000 dólares que justificó mediante ganancias en Bitcoin, la debilidad política del ministro coordinador alteró drásticamente la agenda del Gobierno en ambas cámaras.
En la Cámara de Diputados, la mirada está puesta en la sesión especial convocada para el próximo 23 de junio. El temario de esa jornada ya cuenta con seis expedientes que unifican pedidos de informes, interpelaciones y proyectos de remoción directa. A diferencia del intento fallido del pasado 13 de mayo, esta vez el escenario es opuesto: el PRO solicitó explícitamente a Javier Milei el desplazamiento de Adorni y evalúa dar el quórum necesario para habilitar el debate. Dado que la oposición no cuenta de forma automática con los dos tercios requeridos para tratar el tema sobre tablas sin dictamen, el plan inicial consiste en utilizar la mayoría para votar el emplazamiento de las comisiones de trabajo, obligando al oficialismo a destrabar el tratamiento institucional de los proyectos.
En el Senado, la bancada del Bloque Justicialista, liderada por José Mayans, requirió una sesión urgente bajo las facultades que otorga el artículo 101 de la Constitución Nacional. El proyecto opositor busca fijar un plazo máximo de siete días para que el funcionario asista a rendir cuentas; en caso de inasistencia, el reglamento interno habilita a la Cámara alta a debatir su remoción directa en el recinto. Si bien la vicepresidenta Victoria Villarruel y los bloques opositores coincidieron en la urgencia de que el funcionario justifique sus bienes, la intención original de la Casa Rosada era estirar los tiempos y postergar su presencia para el mes que viene. Desde el corazón de Unión por la Patria admiten, bajo estricto estatus de reserva, que la continuidad de Adorni en el cargo —con el consecuente desgaste de un mes entero de tramitaciones y firmas de dictámenes— es el escenario que más perjudica la administración central de Milei.
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