El femicidio de Agostina Vega en Córdoba desató una ola de reclamos en las administraciones locales de la provincia. En San Francisco, los bloques de Juntos por el Cambio y San Francisco Cambia presentaron proyectos para limitar el ingreso de personal con condenas al Estado municipal y reflotar la postergada iniciativa de Ficha Limpia. El oficialismo, por ahora, mantiene el tema congelado en comisiones.
El brutal femicidio de Agostina Vega generó un profundo impacto social en Córdoba que ya se trasladó de lleno a la agenda política de los municipios. Las revelaciones en torno a los antecedentes de Barrelier, el único acusado del crimen, encendieron las alarmas sobre los mecanismos de contratación estatal. En la ciudad de San Francisco, la oposición recogió el guante y avanzó con una fuerte ofensiva legislativa para exigir de forma obligatoria el certificado de antecedentes penales a todos los funcionarios, empleados y contratados de la administración pública local, un requisito común en el ámbito privado pero laxo en el Estado.
La bancada de Juntos por el Cambio, liderada por el concejal Marco Puricelli, presentó un exhaustivo pedido de informes para obligar al Ejecutivo municipal a transparentar sus filtros de contratación. La iniciativa exige conocer si actualmente se solicita la documentación judicial al personal, qué métodos de verificación se aplican y si existen agentes en actividad que registren condenas firmes o inhabilitaciones vigentes. Además, el proyecto extiende el control hacia el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, buscando que quienes incumplan con sus deberes familiares queden inhabilitados para acceder a contrataciones o beneficios del erario público estatal.
En sintonía, la concejal Cecilia Roffé, del bloque San Francisco Cambia, introdujo un proyecto de ordenanza que busca institucionalizar la medida por ley local. La norma establece que cualquier persona designada en el municipio, bajo cualquier modalidad contractual, deba presentar de forma obligatoria y previa el Certificado de Antecedentes Penales de la Policía de Córdoba y el Certificado de Reincidencia de la Nación, ambos con una vigencia menor a treinta días. «El objetivo es recuperar la confianza de los vecinos estableciendo exigencias básicas para quienes integran el Estado», argumentó Roffé. Pese a que el reclamo por una «Ficha Limpia» lleva más de seis años en el debate local, el oficialismo municipal continúa evitando el tratamiento de los expedientes, manteniéndolos archivados en las comisiones del Concejo Deliberante.
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