El jefe de Gabinete oficializó su visita al Congreso para brindar el informe de gestión constitucional en medio del escándalo por su patrimonio. Aunque la Casa Rosada buscó adelantar la fecha para desactivar el conflicto, el PRO y el radicalismo consideran que la situación es «indefendible» y la parálisis legislativa es total. El peronismo busca apurar la moción de censura.
El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, intentará ganar tiempo en medio del laberinto político y judicial que amenaza su continuidad. A través de una nota formal remitida a las autoridades de la Cámara alta, el ministro coordinador confirmó que se presentará ante el Senado el próximo jueves 2 de julio para brindar el informe de gestión número 146, en estricto cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional. La jugada, fuertemente impulsada por la ministra Patricia Bullrich para adelantar los plazos e intentar frenar el severo desgaste de la Casa Rosada, no logró aplacar el malestar del arco legislativo.
La crisis en torno al exvocero presidencial se profundizó drásticamente luego de que admitiera haber omitido más de medio millón de dólares en sus declaraciones juradas anteriores ante la Oficina Anticorrupción, un bache patrimonial que intentó justificar públicamente como ganancias de una inversión en Bitcoin. Esta coartada sembró el hartazgo en los bloques dialoguistas (PRO y UCR), donde ya califican al funcionario de «indefendible» y exigen de manera unánime su renuncia para destrabar la actividad en el Parlamento, la cual se encuentra completamente paralizada y con los proyectos oficiales congelados debido al escándalo.
En paralelo, la bancada del peronismo mantiene activa su estrategia de máxima confrontación. El bloque opositor presionará en la próxima reunión de Labor Parlamentaria para exigir que este mismo jueves se trate sobre tablas el proyecto de resolución para su interpelación y posterior moción de censura. Aunque el PJ aún no cuenta de forma consolidada con los dos tercios necesarios para forzar el debate inmediato sin dictamen de comisión, el escenario en el Senado es de extrema paridad. De acuerdo a la Carta Magna, para activar la destitución directa de un jefe de Gabinete —un hecho inédito desde la reforma de 1994— se requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros (37 votos en el Senado), una cifra que la oposición confía en alcanzar si el oficialismo no ofrece una salida política previa.
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