El presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería para iniciar un procedimiento de arbitraje internacional contra Gran Bretaña por la explotación de hidrocarburos en el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La Casa Rosada otorgó un plazo de dos semanas para frenar las operaciones unilaterales antes de solicitar medidas cautelares en el Fuero Marítimo Internacional. Además, anunció sanciones contra la firma Thales UK por vuelos no autorizados.
El Poder Ejecutivo Nacional elevó la tensión diplomática con el Reino Unido al intimar formalmente al gobierno británico para que suspenda en un plazo de dos semanas toda actividad hidrocarburífera vinculada al proyecto Sea Lion, emplazado en la Cuenca Malvinas Norte. A través de una comunicación difundida por la Oficina del Presidente y ratificada por el jefe de Estado, Javier Milei, la administración argentina anunció el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) para frenar la explotación de recursos en la Plataforma Continental.
El mandatario advirtió que, en caso de caducar el emplazamiento de 14 días sin una respuesta favorable de Londres, la Argentina acudirá ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales de urgencia. La postura oficial se fundamenta en las Resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de la ONU, las cuales exhortan a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la zona en disputa de soberanía. En simultáneo, el Gobierno ratificó su rechazo a los argumentos británicos presentados tras la reciente intervención de Milei ante las Naciones Unidas y dispuso el inicio inmediato de acciones administrativas y penales contra la firma Thales UK Limited por la detección de vuelos no autorizados con matrícula británica en la ruta de las Islas Malvinas hacia Punta Arenas.
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