La bancada de Hacemos Unidos por Córdoba abandonó el recinto tras exigir que la parlamentaria radical Alejandra Ferrero pida licencia por el caso de un asesor detenido por abuso sexual. Desde el arco opositor de 35 legisladores denunciaron un «bloqueo democrático» y un intento de disciplinamiento político impulsado por el Gobierno provincial, manteniendo paralizada la agenda parlamentaria.
La Legislatura de la Provincia de Córdoba volvió a convertirse en un escenario de fuerte confrontación política e institucional. Durante la sesión de este miércoles, el bloque oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba ejecutó una estrategia coordinada al abandonar sus bancas y dejar el recinto sin el quórum necesario para debatir. La bancada que responde al gobernador Martín Llaryora, a través de la legisladora Julieta Rinaldi, condicionó el retorno a la actividad parlamentaria a que la jefa del interbloque de Juntos por el Cambio, Alejandra Ferrero, pida licencia por su responsabilidad política tras la detención e imputación de su empleado legislativo, Omar Ludueña, acusado en una causa por abuso sexual.
Frente a la retirada del cordobesismo, los 35 legisladores opositores pertenecientes a diez bloques —incluyendo la UCR, Frente Cívico, PRO, La Libertad Avanza y el Frente de Izquierda— brindaron una conferencia de prensa conjunta en la que repudiaron el accionar del oficialismo. La oposición denunció una maniobra de «persecución política y avasallamiento institucional» destinada a silenciar las críticas contra la gestión provincial y responsabilizó al Poder Ejecutivo de paralizar la agenda parlamentaria que aborda temas de seguridad, salud y educación. A pesar del alineamiento general de la bancada del PJ, el legislador Bernardo Knipscheer se diferenció de su espacio al no compartir la decisión de paralizar el funcionamiento del cuerpo legislativo.
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