El jefe comunal confirmó el avance de más de 30 denuncias penales tras realizar un relevamiento de asistencia que expuso a personal de nómina que no concurría a trabajar. Además, denunció una causa de facturas apócrifas por un perjuicio cercano a los 7.000 millones de pesos.
En la ciudad de La Calera, Gran Córdoba, el intendente Fernando Rambaldi expuso los avances de una investigación administrativa que derivó en la apertura de más de 30 denuncias penales contra exfuncionarios y referentes políticos de gestiones pasadas. A través de la implementación de controles digitales de asistencia sobre la plantilla municipal, el relevamiento detectó que 170 personas cobraban haberes bajo modalidades de contratación, becas o monotributo sin presentarse a prestar servicios. Tras la convocatoria para regularizar su situación presencial, solo tres personas acudieron a justificar el cobro, mientras que las 167 restantes fueron dadas de baja por tratarse de ausencias injustificadas sostenidas en el tiempo.
Sumado a la irregularidad en la nómina salarial, el Ejecutivo municipal se constituyó como querellante en la denominada causa de las «facturas truchas», cuyo perjuicio económico para las arcas de la localidad se calcula en aproximadamente 7.000 millones de pesos. Entre los investigados señalados en la causa se encuentran el actual concejal y expresidente del cuerpo legislativo Gastón Morán, el exsecretario de Hacienda Pablo Facta y el exsecretario de Infraestructura Gabriel Da Silva Pagot. Rambaldi sostuvo que no aceptó acuerdos políticos para frenar las acciones legales y remarcó que impulsará los procesos en sede penal hasta las últimas instancias.
