Mientras Martín Llaryora y Javier Milei se disputan la foto por el regreso del Mundial de Rally en 2028 y el Kempes se viste de gala para la Selección, los millones salen de las arcas provinciales sin transparencia. Entre roscas de dirigentes y gastos opacos, el show deportivo oculta una factura que pagan todos los cordobeses.
Apenas se disipaba el humo blanco de la visita del Papa León XIV, el gobernador Martín Llaryora montó una nueva liturgia política en el Centro Cívico para anunciar el regreso del World Rally Championship (WRC) a Córdoba en 2028. Rodeado de funcionarios que ya calientan motores para la sucesión en el Palacio 6 de Julio —como Miguel Siciliano y Juan Pablo Quinteros—, el mandatario celebró otro supuesto «día histórico» apalancado en su caballito de batalla: la llamada «economía naranja».
Sin embargo, detrás de los discursos épicos de Agustín Calleri sobre «la historia que escriben los valientes» y los elogios grabados del titular de la FIA, Mohammed ben Sulayem, la realidad dista mucho de una gesta épica provincial. El retorno del Rally mundial tras nueve años de ausencia tiene una explicación bastante más terrenal y foránea: el colapso financiero del Ueno Bank en Paraguay y los escándalos políticos del gobierno de Santiago Peña, que dejaron tambaleando la continuidad de la sede vecina. A eso se sumó la rápida jugada del presidente Javier Milei en la red social X, quien no dudó en apropiarse del anuncio con su clásico «hechos no palabras», desatando una silenciosa guerra de egos entre la Casa Rosada y El Panal por ver quién cruza primero la meta electoral.
Pero la verdadera pregunta que el oficialismo cordobés evita responder radica en los números. Mientras el gobierno provincial exige austeridad y ajusta las cuentas en áreas sensibles, la billetera para la «industria de eventos» parece no tener fondo ni controles claros. El mismo esquema se repite en el fútbol, donde los vínculos aceitados entre dirigentes locales como Juan Cavagliatto (Instituto) y Luis Fabián Artime (Belgrano) con la AFA de Claudio «Chiqui» Tapia convirtieron a Córdoba en la plaza predilecta del porteñismo futbolero.
Para dimensionar el negocio, basta mirar hacia atrás: el amistoso entre Argentina y Bolivia disputado en el Estadio Kempes el pasado 30 de septiembre habría drenado alrededor de 1.000 millones de pesos (unos 650.000 dólares) de las arcas públicas provinciales. Hasta el día de hoy, la administración de Llaryora no ha rendido cuentas claras sobre si ese monto millonario correspondió únicamente al «caché» de la Selección o si incluyó el paquete completo de logística, seguridad y alquileres bajo el sistema «llave en mano» que impone la AFA.
Con una agenda cargada que incluye el partido ante Costa Rica, la definición del Trofeo de Campeones el 19 de diciembre y el «Rally testigo» proyectado para los primeros meses del próximo año, Córdoba se consolida como la capital del espectáculo. Lo que sigue brillando por su ausencia es la transparencia sobre cuánto nos cuesta a los ciudadanos financiar esta vidriera política.
