El gobernador calificó de «desconocimiento brutal» el proyecto de la Nación que busca eliminar los beneficios en las tarifas de gas. Advirtió que la medida afectará a más de 600 mil hogares en la provincia y provocará subas de hasta el 100% en pleno invierno.
El escenario político y social de Córdoba se unificó en un enérgico reclamo hacia la administración central. El gobernador Martín Llaryora encabezó una cumbre de urgencia en el Centro Cívico con intendentes de los 13 departamentos alcanzados por el régimen de Zona Fría, donde firmaron un documento conjunto de rechazo al proyecto de ley nacional que pretende derogar estos subsidios. El mandatario provincial defendió la inclusión de Córdoba como una «conquista histórica» y exigió a los funcionarios nacionales que constaten el clima en el territorio antes de legislar desde Buenos Aires. «Van a terminar cagando a la clase media y trabajadora», fustigó con dureza.
La preocupación institucional radica en el devastador impacto económico que la medida tendrá sobre los bolsillos. De aprobarse la iniciativa en el Congreso, unas 688 mil familias cordobesas sufrirán aumentos que oscilarán entre el 42% y el 100% en sus facturas de gas natural. El universo afectado incluye a 408 mil hogares en condición de vulnerabilidad social que hoy perciben una tarifa diferenciada a mitad de precio. En su discurso, el titular del Ejecutivo vinculó este recorte con la recesión generalizada que atraviesa el sector productivo, tras revelar que en la provincia ya cerraron más de 3.000 pymes y se perdieron 14.000 puestos de trabajo en el último período.
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