Miguel Hugo Vaca Narvaja, juez titular del Juzgado Federal N°3 de Córdoba. (Nicolás Bravo / La Voz)
El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación regularizar las prestaciones para titulares de pensiones no contributivas. El fallo denuncia maniobras estatales para «evadir o dilatar» la asistencia a los sectores más vulnerables.
La Justicia Federal de Córdoba dictó un revés crucial para la administración central en materia de políticas socio-sanitarias. El magistrado Miguel Hugo Vaca Narvaja hizo lugar a un amparo colectivo impulsado por la organización Defendamos Córdoba y diversas entidades terapéuticas locales, intimando al Poder Ejecutivo Nacional a regularizar las prestaciones caídas en un plazo perentorio de 72 horas. La medida cautelar, con vigencia inicial por seis meses, busca proteger a los beneficiarios de Pensiones no Contributivas que cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), cuyos tratamientos y provisión de medicamentos esenciales se encontraban al borde de la interrupción definitiva debido al corte de financiamiento estatal.
El dictamen judicial describe un panorama de asfixia financiera intencional sobre los efectores de salud. El juez enfatizó que las demoras crónicas configuran un riesgo inminente para la vida de los pacientes, en un contexto donde el propio Congreso declaró la emergencia en discapacidad mediante la Ley 27.793 hasta fines de 2026. Para dimensionar el daño económico, el fallo expuso el caso del Pequeño Cottolengo Don Orione, institución que debió afrontar más de $41.556.675 en concepto de intereses resarcitorios ante el ARCA durante lo que va del año, producto del retraso de la Nación en abonar los aranceles correspondientes por las internaciones y cuidados especiales.
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