El gobernador respaldó de forma taxativa al ministro Juan Pablo Quinteros y al fiscal Raúl Garzón ante la embestida de la oposición. Sin embargo, para evitar el desgaste político, rompió el viejo libreto peronista y recibió en secreto a los abuelos de la víctima tras los reclamos por la frialdad oficial.
El femicidio de Agostina Vega desencadenó una acelerada confrontación en las esferas del poder de Córdoba, obligando al gobernador Martín Llaryora a desplegar un doble juego de supervivencia institucional. Ante la persistente andanada de la oposición —liderada por Luis Juez y Rodrigo de Loredo—, que exige la renuncia inmediata del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y promueve un jury contra el fiscal Raúl Garzón, el mandatario provincial optó por aplicar la histórica regla de hierro del cordobesismo: cerrar filas y blindar por completo a sus alfiles. Desde el Centro Cívico consideran que la investigación policial resolvió el caso en tiempo récord y rechazan de plano que el paso del imputado Claudio Barrelier como becario municipal guarde relación con el crimen.
Sin embargo, el impacto emocional del caso forzó a Llaryora a introducir un giro drástico en el libreto peronista de gestión de crisis, históricamente caracterizado por la distancia y la frialdad burocrática. Consciente del fuerte malestar que generó la tecnicidad narrativa del fiscal Garzón en su última conferencia de prensa, y buscando diferenciarse de gestiones anteriores —como las de Juan Schiaretti, quien demoró casi dos años en recibir a los familiares de Blas Correas—, el gobernador recibió en absoluto hermetismo a los abuelos de la adolescente asesinada. En el encuentro, que no incluyó fotografías oficiales, el Ejecutivo buscó contener el descontento familiar por la falta de asistencia inicial y logró que los allegados reconocieran el avance de las tareas periciales.
El Panal también activó una contraofensiva dialéctica para neutralizar los cuestionamientos que vinculan al peronismo con el detenido a través del concejal Ricardo Moreno. Voceros de la gobernación salieron al cruce de los bloques de la UCR y del frente libertario de Gabriel Bornoroni, acusándolos de ejecutar un «carancheo político» con la muerte de una menor de 14 años. En los despachos provinciales admiten que la sensibilidad social frente a los márgenes del poder está más aguda que nunca debido al actual clima de época, por lo que la administración monitorea con extrema atención el desarrollo de la semana, que tendrá su punto de mayor tensión civil este miércoles con la movilización del colectivo Ni Una Menos en el centro de la capital.
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