La ministra de Seguridad de la Nación defendió el despliegue tecnológico y humano de su par provincial Juan Pablo Quinteros. Afirmó que lo primordial es buscar la «verdad completa» del historial delictivo y obvió las críticas por el desfinanciamiento de los programas de prevención de violencia de género.
El escenario de repercusiones por el crimen de Agostina Vega (14) sumó una voz de peso en el plano institucional nacional, aunque sus definiciones abrieron una nueva grieta discursiva. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, rompió el silencio para referirse de manera formal al homicidio de la adolescente cordobesa. Sin embargo, en sintonía con la línea ideológica de la administración central, la funcionaria evitó utilizar el término femicidio en todas sus intervenciones, a pesar de que pocas horas antes el fiscal Raúl Garzón había modificado la carátula bajo esa figura agravada. Al presentar un informe sobre la baja en las estadísticas criminales del país, la ministra enfatizó que en episodios de esta índole «el mejor paso para avanzar es tener la verdad completa».
Las declaraciones de la funcionaria nacional —quien posee un pasado directo en la provincia, tras haber sido eyectada del Ministerio de Seguridad cordobés por José Manuel de la Sota luego del acuartelamiento policial de diciembre de 2013— buscaron blindar la tarea de las fuerzas locales. Monteoliva reveló que el último viernes viajó a Córdoba y mantuvo una cumbre reservada con su par provincial, Juan Pablo Quinteros, quien le adelantó que el hallazgo del cuerpo era «cuestión de horas». “Conozco al detalle los recursos tecnológicos y humanos con los que cuenta Córdoba y eso nos deja muy tranquilos”, sentenció, minimizando la andanada de denuncias de la oposición legislativa por supuestas fallas operativas en el inicio de los rastrillajes.
La estrategia discursiva de la ministra cosechó severos cuestionamientos por parte de diversos colectivos sociales y territoriales. Durante su contacto con la prensa, Monteoliva argumentó que un asesinato «no es únicamente lo que sucede durante las horas del hecho, sino que refleja un historial complejo», un postulado que la oposición interpretó como un intento de diluir la tipificación del odio de género. Asimismo, la funcionaria omitió dar respuestas ante las consultas por el fuerte recorte presupuestario y el desarme de los programas nacionales de asistencia y prevención de violencia. Desde el colectivo Ni Una Menos Córdoba fustigaron la postura oficial de la cartera nacional, acusándola de mantener una mirada «fría y deshumanizada» ante una problemática que este miércoles volverá a congregar a miles de personas en las calles céntricas.
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