El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, dijo que Argentina perdió dos valores fundamentales: el federalismo y la pluralidad.
El intendente capitalino reveló el grave hecho intimidatorio contra el titular del organismo de control, tras el cierre definitivo del local Punta Alvear. El violento episodio se enmarca en la crisis por el femicidio de la adolescente Agostina Vega (14). El municipio auditará 7.000 habilitaciones nocturnas en 90 días, impulsará cambios por ordenanza y ya apartó a 119 agentes públicos.
El entramado de la noche cordobesa sumó un capítulo de máxima gravedad institucional y ribetes mafiosos que sacude al Palacio 6 de Julio. El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, denunció públicamente que el presidente del Ente de Fiscalización y Control recibió dos municiones de arma de fuego sobre su escritorio, una amenaza directa de muerte ocurrida inmediatamente después de que el municipio dispusiera la clausura definitiva del reconocido bar Punta Alvear. El propietario del comercio nocturno ya fue denunciado penalmente ante los tribunales locales.
Este clima de extrema tensión y violencia escaló de forma dramática tras el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo crimen conmovió a la provincia. El principal imputado y detenido por el asesinato es Claudio Barrelier, un empleado municipal directamente vinculado a las operaciones del cuestionado bar Wachitas, lo que destapó una presunta red de encubrimiento e irregularidades en los controles de los locales bailables de Nueva Córdoba y las zonas céntricas. Ante este escenario, Passerini anunció la creación de una nueva unidad ejecutora de seguridad urbana, en coordinación con la Policía de la Provincia y el Ministerio de Seguridad, con un objetivo taxativo: revisar y auditar más de 7.000 habilitaciones comerciales en un plazo estricto de 90 días.
La purga interna dentro de la planta del Estado municipal ya arroja números alarmantes. El jefe comunal detalló que actualmente hay 119 agentes municipales exonerados de sus cargos y detenidos por la Justicia, acusados de conformar una red de corrupción que facilitaba el funcionamiento de comercios de manera ilegal. Passerini precisó que 91 de esos inspectores ingresaron a la administración pública entre 2003 y 2007 como presuntos «favores políticos» a empresarios de la noche. Para cortar el circuito de impunidad de los locales que vuelven a reabrir cambiando simplemente de razón social, el Ejecutivo enviará un proyecto al Concejo Deliberante para reformar las ordenanzas de Espectáculos Públicos, extendiendo la responsabilidad civil y las sanciones económicas directamente a los propietarios de los inmuebles.
Acerca del autor
