A un mes del femicidio de Agostina Vega, el intendente capitalino apuntó contra la gestión municipal del actual senador nacional (2003-2007) como el origen de la corrupción estructural en los controles nocturnos. Afirmó que el 90% de los 119 empleados exonerados y detenidos ingresaron en esa época y reveló que el inspector que habilitó el boliche Wachitas fue echado por violento.
La crisis institucional desatada tras el femicidio de la adolescente Agostina Vega (14) derivó en un feroz enfrentamiento político de consecuencias impredecibles. El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, lanzó una durísima acusación directa contra el senador nacional Luis Juez, afirmando que los empresarios del circuito nocturno ilegal financiaron su campaña electoral en el pasado para luego tomar el control de áreas clave del Palacio 6 de Julio. Las declaraciones, realizadas en el Noticiero Doce, exponen la trama de corrupción e impunidad que la actual gestión asegura estar desmantelando.
«Los empresarios de la parte más oscura de la noche de Córdoba financiaron esa campaña y lo dijeron públicamente. Tomaron el control de muchas decisiones», disparó el jefe comunal. Passerini ubicó la raíz de la «mugre estructural» del municipio en el período 2003-2007, cuando Juez gobernó la ciudad y pasaron a planta permanente más de 5.000 empleados, «muchos de ellos sin antecedentes policiales». Para respaldar su denuncia, el intendente aportó un dato estadístico contundente: el 90% de los 119 inspectores y funcionarios públicos que ya fueron exonerados y detenidos por su gestión ingresaron durante el mandato juecista. «Llevó años instalar una estructura de poder oscuro en la Municipalidad de Córdoba y está llevando tiempo desmontarla», graficó.
Para ejemplificar la connivencia de esa vieja estructura que pervive en el Estado, Passerini reveló que la habilitación del polémico bar Wachitas en 2017 fue firmada por un inspector que posteriormente fue detenido en una manifestación portando un mortero y que terminó exonerado por la administración actual. Asimismo, el mandatario vinculó estos nichos de corrupción con el «clan Moyano» y ratificó que el presidente del Ente de Fiscalización, Ezequiel Hormaeche Actis, no solo fue amenazado con un arma blanca en un operativo, sino que también recibió dos balas en su escritorio. Lejos de ceder ante la presión de la oposición que pide disolver el Ente en el Concejo Deliberante, Passerini anunció que potenciará los controles mixtos, advirtiendo que el 70% del peligro actual ya no reside en los grandes boliches céntricos, sino en kioscos barriales de 24 horas que comercializan alcohol y drogas a menores.
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