El Presidente presentó ante el bloque de legisladores oficialistas los lineamientos para modificar la Carta Orgánica de la entidad monetaria. El proyecto apunta a blindar la independencia del organismo, revertir la reforma del año 2012 y prohibir de manera definitiva cualquier tipo de asistencia financiera al Tesoro Nacional.
El gobierno de Javier Milei se prepara para dar una de sus batallas legislativas más simbólicas y estructurales en el Congreso de la Nación. En una reunión clave mantenida en la Casa Rosada con diputados y senadores de La Libertad Avanza, el Presidente expuso los detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), diseñado para clausurar definitivamente la emisión de pesos con fines fiscales.
La iniciativa oficialista busca sepultar el marco regulatorio vigente desde 2012 —impulsado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner— y reemplazarlo por un esquema de estricta ortodoxia financiera. Según adelantó el mandatario a su tropa legislativa, el texto será enviado al Parlamento en el corto plazo con el objetivo de convertirlo en una de las prioridades de la agenda política para la segunda mitad del año.
Un solo norte: preservar el valor de la moneda
El corazón de la propuesta radica en la simplificación absoluta de las metas del BCRA. El texto estipula que el organismo tendrá un único y prioritario objetivo: preservar el valor de la moneda nacional.
Con este cambio, el oficialismo busca eliminar las múltiples finalidades que la Carta Orgánica actual le asigna a la entidad —como promover el empleo, el desarrollo con equidad social y el crecimiento económico—. Desde la perspectiva de la gestión de Milei, la acumulación de objetivos secundarios fue el argumento legal que históricamente debilitó la política monetaria y pavimentó el camino hacia la alta inflación.
El fin de los adelantos transitorios y el blindaje institucional
La modificación más drástica y con mayor impacto fiscal será la prohibición explícita de financiar al Tesoro Nacional. El proyecto de ley busca vedar cualquier mecanismo de asistencia directa o indirecta, eliminando herramientas recurrentes como los adelantos transitorios o la transferencia discrecional de utilidades contables hacia las arcas del Poder Ejecutivo.
Para sostener este esquema en el tiempo, el Gobierno propone un fuerte blindaje institucional que reduzca la injerencia política de la Casa Rosada sobre el directorio de la entidad de la calle Reconquista. A través de este mecanismo de mayor autonomía formal, se busca quitarle discrecionalidad al Poder Ejecutivo de turno y dar señales de previsibilidad a largo plazo a los mercados internacionales, impidiendo que futuras administraciones puedan volver a utilizar la emisión de pesos para financiar el déficit estatal.
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