La fiscalía de Cantabria solicitó tres años de prisión para la empleada por ejecutar un patrón sistemático de manipulación informática en el punto de venta durante 1.160 jornadas laborales. La empresa damnificada elevó la petición de pena a diez años de cárcel y reclamó una indemnización cercana a los 330.000 euros tras detectar la maniobra a través de las cámaras de seguridad.
Un insólito caso de estafa y apropiación indebida llegó a las instancias judiciales de la Audiencia Provincial de Cantabria, España, donde la Sección Tercera fijó para el próximo 1 de octubre la audiencia preliminar contra una excajera de supermercado acusada de montar un esquema sistemático de sustracción de efectivo. Según consta en la instrucción penal impulsada por el Ministerio Fiscal, la mujer se apoderó de una suma total de 333.800 euros a lo largo de 24 meses de actividad comercial en el establecimiento.
La maniobra delictiva se repetía en el sector de cobranzas del comercio, el cual operaba con un doble sistema de facturación. La acusada aguardaba la llegada de clientes que abonaban en efectivo montos inferiores a los 400 euros para desconectar intencionalmente de la red eléctrica la terminal de punto de venta (TPV). El procedimiento impedía que el ticket de compra quedara asentado en la base de datos central, lo que le permitía quedarse con el importe en efectivo sin generar alertas contables inmediatas. La operatoria se repitió en 1.160 ocasiones hasta que el área de sistemas detectó la reiteración de incidentes bajo sus credenciales operativas. Tras un seguimiento por cámaras de seguridad, la firma procedió a su despido directo e inició acciones legales. Mientras la Fiscalía encuadró el hecho como delito continuado de apropiación indebida agravada solicitando tres años de cárcel y 4.500 euros de multa, la querella empresarial exigió diez años de prisión, una sanción pecuniaria de 288.000 euros y la restitución del capital sustraído.
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