La Legislatura de Córdoba retoma este martes sus sesiones ordinarias en un clima de fuerte polarización. El bloque de Hacemos Unidos por Córdoba buscará marcar distancia del Gobierno nacional mediante proyectos que repudian el desfinanciamiento universitario y advierten sobre el impacto de la «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» en los 318 barrios populares de la provincia. Por su parte, el Frente Cívico y la UCR centrarán sus ataques en la gestión de Martín Llaryora, con pedidos de informes sobre el equipamiento policial y los gastos en alquileres del Estado.
El oficialismo, encabezado por los legisladores Matías Chamorro y Mariano Lorenzo, denunciará el «desmantelamiento» de las políticas de integración socio-urbana. Según sostienen, el proyecto de ley que debate el Senado nacional paraliza las obras de urbanización y pone en riesgo la regularización dominial de miles de familias cordobesas. «Es un retroceso grave que habilita desalojos exprés y excluye a las cooperativas de la economía popular», advirtió Chamorro, reforzando la estrategia de la provincia de diferenciarse de las políticas de ajuste de Javier Milei.
Desde la vereda de enfrente, el juecismo llegará al recinto con una batería de proyectos enfocados en la seguridad, uno de los flancos más sensibles para el Centro Cívico. La legisladora Nancy Almada exigirá precisiones sobre la compra de domos de videovigilancia, la cantidad de patrulleros operativos y el uso de armas menos letales por parte de la Policía de Córdoba. Además, el bloque opositor solicitará datos sobre la eficiencia del gasto en el Banco de Córdoba, buscando instalar una agenda de control institucional frente al discurso federal del oficialismo.
Finalmente, el radicalismo sumará presión con reclamos sobre el juego clandestino online y la transparencia en los inmuebles que alquila la Provincia. Con este panorama, la sesión de hoy se perfila como un nuevo round de la disputa política cordobesa: mientras el peronismo local intenta nacionalizar el debate para desgastar la imagen presidencial, la oposición busca provincializar la discusión exponiendo las falencias en la gestión cotidiana de Córdoba.
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