Intendentes alertan que el recorte de prestaciones y las demoras en el sector privado obligaron a los jubilados a volcarse masivamente al sistema público. Los municipios denuncian deudas millonarias, duplicación de consultas y exigen que la Nación gire fondos para evitar un desborde invernal.
La profunda crisis estructural de la obra social nacional PAMI impacta de lleno en las arcas y las estructuras sanitarias de los municipios cordobeses. Ante la falta de medicamentos, demoras de hasta 90 días para turnos con especialistas y el cierre de servicios de internación en clínicas privadas, miles de jubilados se vieron forzados a migrar hacia la salud pública local. El fenómeno generó un crecimiento exponencial en la demanda que los intendentes califican como «insostenible», considerando que están financiando de sus propios presupuestos obligaciones de órbita federal.
Las estadísticas oficiales de los centros asistenciales exponen la magnitud del traspaso. En San Francisco, durante el primer trimestre de 2026, las prestaciones a afiliados de PAMI duplicaron a las de todo el año anterior, representando hasta el 50% de los pacientes en los dispensarios periféricos. En Villa María, la participación de este sector escaló del 8% al 18% en el primer cuatrimestre, mientras que en Río Segundo el hospital municipal absorbió las urgencias ante el recorte de la actividad privada local. La asfixia se extiende al plano financiero: localidades como Pilar reclaman deudas de la obra social superiores a los 26 millones de pesos, en tanto que más de 150 intendentes coordinan un bloque de protesta ante el inminente temor de una saturación total durante la temporada invernal.
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