La red eléctrica venezolana opera al límite tras años de desinversión, opacidad y despilfarro millonario, afectando gravemente los planes de reactivación petrolera impulsados bajo la gestión interina de Delcy Rodríguez. Expertos advierten que reconstruir el sistema demandará al menos 45.000 millones de dólares y seis años de trabajo.
La profunda crisis que golpea la infraestructura de Venezuela expone una contradicción estructural alarmante: a pesar de poseer el subsuelo más rico en hidrocarburos del planeta, el país carece de la potencia eléctrica necesaria para encender sus industrias básicas y garantizar la vida cotidiana de su población. Los cortes programados e imprevistos se agudizaron drásticamente en este inicio de 2026, provocando una ola de protestas sociales en el interior. El problema, lejos de ser coyuntural, es el resultado de un colapso sistémico en la generación y distribución energética que restringe de forma severa cualquier posibilidad de despegue económico sostenible.
Mientras la actual administración de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, atribuye las fallas del servicio a una presunta reactivación comercial y al recalentamiento de las líneas por factores climáticos, los especialistas técnicos desmienten los argumentos oficiales. Ingenieros y exdirectivos de la red aclaran que el país cuenta en teoría con una capacidad instalada de 36.000 megavatios, de los cuales apenas se encuentran disponibles entre 13.000 y 13.500 megavatios. La mayor parte del suministro continuo proviene de la energía hidroeléctrica construida antes de 1998, pero el severo deterioro de las líneas de alta tensión impide transportar el fluido hacia los centros urbanos más poblados, dejando al parque termoeléctrico operando a un marginal 13% de su capacidad.
Esta severa asfixia energética impacta directamente sobre el sector petrolero, el motor principal de la prometida reconstrucción financiera acordada informalmente entre Caracas y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Desde firmas internacionales como Chevron advierten que las constantes fluctuaciones del tendido eléctrico nacional provocan la caída simultánea de decenas de pozos de producción en la Faja Petrolífera del Orinoco, cuya reactivación posterior demanda días de complejas maniobras operativas. De acuerdo con los informes de auditoría, el deterioro no responde a la escasez de fondos históricos, dado que el chavismo destinó más de 117.000 millones de dólares entre 1999 y 2025 al sector; sin embargo, las inversiones se licitaron en proyectos inconclusos, como la central hidroeléctrica de Tocoma, que tras 16 años de retraso y un sobrecosto de 9.000 millones de dólares continúa sin aportar un solo megavatio al maltrecho sistema nacional.
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