El ex presidente de la UCR provincial y ex candidato a vicegobernador de Luis Juez quedó en el ojo del huracán tras una serie de operativos ordenados por la Justicia Federal. Se lo investiga en el marco de una presunta asociación ilícita que habría defraudado al PAMI por 1.400 millones de pesos. Además, el procedimiento expuso un cargo estatal oculto con una remuneración neta que roza los 4 millones de pesos mensuales.
Un verdadero terremoto político sacude las estructuras de la Unión Cívica Radical (UCR) y de la coalición Juntos por el Cambio en Córdoba. Por orden del fiscal federal Rodolfo Cabanillas, la Gendarmería Nacional ejecutó un sorpresivo y simultáneo operativo de allanamiento en la vivienda particular de Marcos Carasso —ubicada en la localidad de General Cabrera— y en los despachos oficiales del Tribunal de Cuentas de la Provincia. La causa penal, que se maneja bajo estricto hermetismo, intenta desarticular una red delictiva dedicada a la sobrefacturación y falsificación de prestaciones de alta complejidad al PAMI a través de la firma privada Ethical, con un perjuicio fiscal provisorio estimado en 1.400 millones de pesos.
Más allá de la gravedad de la estafa al organismo previsional, los procedimientos sacaron a la luz un dato político sensible que se mantenía guardado bajo siete llaves: Carasso, de extensa trayectoria pública como ex intendente y ex diputado nacional, se desempeña en las sombras como Director de Jurisdicción y vocal del Tribunal de Cuentas provincial desde agosto de 2024. Los registros contables secuestrados revelaron que el ex jefe del radicalismo cordobés percibe una remuneración neta estatal de 3.979.733,89 pesos mensuales, un haber equivalente al de un ministro del Ejecutivo, situación que generó un repudio generalizado en el arco político debido a la falta de transparencia de su designación.
La investigación judicial se disparó meses atrás a raíz de una serie de denuncias anónimas que alertaban sobre el cobro sistemático de internaciones domiciliarias y tratamientos de rehabilitación que los afiliados de la obra social de jubilados jamás recibían. Por el expediente ya se encuentran formalmente imputados empresarios de la salud como Gonzalo Lima, Pablo Adzich, Lucas Kurilkowich y el ex jefe médico del PAMI, Víctor Genesio. Los sabuesos federales incautaron en la casa de Carasso valiosa documentación comercial y soportes informáticos que ahora serán sometidos a peritajes para determinar si el referente radical actuaba como el brazo político y protector de la asociación ilícita.
La figura de Marcos Carasso arrastra un peso específico ineludible en la provincia: lideró los destinos del centenario partido tras vencer en una encarnizada interna a Rodrigo de Loredo —con el aval de los históricos Mario Negri y Ramón Mestre— y secundó a Luis Juez en la boleta para la gobernación en los comicios de 2023, oportunidad en la que protagonizó una fuerte polémica interna por intentar forzar una doble candidatura como legislador. Mientras el fiscal Cabanillas evalúa los próximos pasos procesales y posibles imputaciones formales, desde el entorno íntimo del ex intendente de General Cabrera llamaron al silencio y evitaron realizar declaraciones públicas.
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