El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el condicionamiento presupuestario del decreto reglamentario dictado por el Ejecutivo y le exigió la aplicación efectiva de la Ley 27.795. La resolución hizo lugar al amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), estableciendo costas a cargo del Estado. El rector de la UNC, Jhon Boretto, celebró el dictamen y reclamó el envío inmediato de los recursos.
En el marco del litigio iniciado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), rectores y gremios docentes, el Juzgado Federal N° 11 a cargo de Martín Cormick emitió un fallo clave que ordena al Gobierno nacional dar cumplimiento efectivo a la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). La resolución judicial declaró inconstitucional el apartado del Decreto 759/2025 mediante el cual el Poder Ejecutivo pretendía condicionar el giro de fondos a la existencia previa de partidas presupuestarias habilitadas, obligando a las autoridades nacionales a dictar los mecanismos administrativos para efectivizar los incrementos salariales y gastos de funcionamiento.
La causa tuvo su origen luego de que el Congreso de la Nación insistiera con dos tercios de los votos para promulgar la norma tras el veto presidencial dictado por Javier Milei. La decisión del magistrado fue recibida de manera positiva por los referentes del sistema universitario público: el titular del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, calificó la sentencia como un paso decisivo hacia la restitución presupuestaria, mientras que el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, instó al Ejecutivo a dejar de dilatar el cumplimiento de la ley para garantizar la sustentabilidad de las casas de altos estudios.
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