El país helvético acude a las urnas este domingo para definir una polémica iniciativa impulsada por la derecha nacionalista. La propuesta busca frenar drásticamente la inmigración para descomprimir el mercado inmobiliario y los servicios públicos, pero el Gobierno, los empresarios y los sindicatos advierten que la medida aislará la economía y provocará un «caos» laboral.
Suiza se encamina a convertirse en el primer país del planeta en debatir en las urnas la posibilidad de fijar un tope legal al crecimiento de su población. Este domingo, millones de ciudadanos participarán de un referéndum nacional clave para votar la iniciativa popular «No a la Suiza de 10 millones». El proyecto, redactado y promovido por la derecha del Partido Popular Suizo (SVP), estipula que las autoridades federales deberán aplicar restricciones inmediatas al derecho de asilo, los visados de trabajo y la reunificación familiar si la cantidad de residentes permanentes amenaza con romper la barrera de las ocho cifras en las próximas décadas.
El argumento de los sectores nacionalistas se enfoca en el fuerte impacto demográfico que experimentó el territorio alpino en los últimos veinte años, periodo en el que el padrón general escaló de 7,3 millones a los actuales 9,1 millones de habitantes, de los cuales un 27% son ciudadanos extranjeros. Quienes defienden el «Sí» señalan que este vertiginoso incremento desbordó la capacidad del transporte público ferroviario, disparó los costos del sistema sanitario y generó una severa crisis en el acceso a la vivienda, provocando un aumento histórico en los precios de los alquileres de los departamentos. «La inmigración descontrolada está provocando que Suiza deje de ser Suiza», alertaron desde la dirigencia promotora del tope.
En la vereda de enfrente, el oficialismo, las principales corporaciones empresariales y las centrales obreras unificaron fuerzas para hacer campaña por el «No», tildando al proyecto de ser una «iniciativa del caos». El sector corporativo de alta tecnología y las cadenas hoteleras advierten que un cierre de fronteras generaría un faltante de más de 300.000 puestos laborales calificados que el mercado interno no puede cubrir. Asimismo, el Ministerio de Justicia helvético remarcó que la aprobación del tope dinamitaría de forma automática los tratados bilaterales de libre circulación de personas con la Unión Europea, aislando por completo la economía suiza del bloque continental en un contexto internacional de altísima incertidumbre.
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