El presidente brasileño lanzó un programa que cruzará una base de datos de tres millones de códigos IMEI para inutilizar los dispositivos sustraídos. Quienes tengan un teléfono de origen ilícito recibirán una notificación para entregarlo a la Policía sin ser arrestados. La medida busca dar respuesta a la principal preocupación social a tres meses de las elecciones presidenciales.
El robo de teléfonos móviles, uno de los delitos más extendidos y con mayor impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos de América Latina, pasó a convertirse en el blanco de una ambiciosa e inédita política de Estado en el gigante sudamericano. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto que habilita el bloqueo masivo y sistemático de celulares robados o hurtados, una estrategia tecnológica y policial destinada a desarticular el millonario circuito del mercado negro y reducir los índices de delincuencia que azotan a las principales urbes del país.
El núcleo de la iniciativa contempla la creación de una gigantesca base de datos nacional que ya unifica más de tres millones de números de identidad internacional de equipo móvil (IMEI) correspondientes a dispositivos que fueron objeto de denuncias por robo o hurto desde el año 2020 a la fecha. El mecanismo de rastreo y sanción operará de forma escalonada. En una primera fase, aquellos usuarios que posean un aparato denunciado recibirán una notificación formal vía mensaje de texto con directivas explícitas para presentarse ante las autoridades. De ignorar el aviso, el sistema restringirá de inmediato el acceso a todas las aplicaciones de servicios públicos estatales y, en una instancia posterior, ejecutará el bloqueo de conectividad total del dispositivo, transformándolo en un elemento inservible.
«Si compraste un teléfono sin saber que es robado, tienes que buscar una comisaría para entregarlo. No vas a ser arrestado. Si dices dónde lo compraste, mejor aún», enfatizó Lula durante el acto oficial, apelando a la colaboración ciudadana para cortar los eslabones de la reventa ilegal. Las estadísticas oficiales de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública revelan que en Brasil se reporta cerca de un millón de robos de celulares al año, aunque las autoridades admiten que la cifra real es considerablemente superior debido a un alto índice de subnotificación. El lanzamiento de este fuerte programa de control no es casual: la violencia urbana se consolidó como la principal preocupación de la sociedad brasileña y el anuncio se produce a escasos tres meses de las elecciones presidenciales de octubre, donde Lula buscará capitalizar estas medidas frente a la agenda de «mano dura» que impulsa la oposición liderada por Flávio Bolsonaro.
Acerca del autor
