La presidenta Laura Fernández propuso llevar a estudiantes de «barrios peligrosos» a visitar la nueva prisión de máxima seguridad, inspirada en el modelo salvadoreño de Nayib Bukele, como método de asustar a los jóvenes para que no delincan. La iniciativa fue tildada de «medieval» y discriminatoria por la oposición y docentes, mientras los criminólogos advierten que estas prácticas son contraproducentes.
La estrategia del Gobierno de Costa Rica para combatir el reclutamiento de menores por parte de las bandas narco generó un duro debate nacional. La presidenta Laura Fernández propuso utilizar el nuevo Centro de Alta Contención Contra la Criminalidad Organizada (Cacco) —una megacárcel para 5.000 reclusos diseñada bajo el espejo del Cecot de El Salvador— como destino de «giras educativas» destinadas a adolescentes de zonas vulnerables, bajo la premisa de que el miedo al encierro funcionará como un freno moral.
«Hagamos unas visitas para los jóvenes que se están metiendo en lo que ya sabemos y que los llevará a vestir ese uniforme», lanzó la mandataria conservadora flanqueada por policías encapuchados y maniquíes con trajes carcelarios naranjas. El plan busca explotar el impacto visual de un régimen de aislamiento extremo e incomunicación para disuadir a los chicos tentados por el dinero fácil del crimen organizado, en medio de una ola de violencia inédita que golpea al país.
El rechazo de expertos: el miedo no educa
La respuesta de la comunidad académica y civil fue inmediata y lapidaria. El Colegio de Profesionales en Criminología emitió un informe técnico advirtiendo que «la evidencia internacional señala que las visitas juveniles a cárceles no reducen el delito y pueden generar resultados contraproducentes». En su lugar, exigieron al Ejecutivo priorizar políticas integrales de empleo, salud mental y deporte, denunciando además el fuerte recorte de presupuesto que sufren las escuelas públicas.
Por su parte, los gremios de educadores y directores escolares manifestaron su rotundo rechazo. Profesores de las zonas periféricas de San José señalaron el sinsentido de la medida: “El chico que no siente miedo después de ver a un amigo muerto a balazos no va a asustarse por ir a una cárcel”, graficó una docente bajo anonimato, alertando que la experiencia podría ser tomada con «adrenalina» por los sectores más radicalizados en lugar de servir como lección.
Presión judicial y acusaciones de discriminación
Desde el arco político opositor, la propuesta fue catalogada como un retroceso social. «La idea medieval de la presidenta de llevar estudiantes de zonas pobres a la megacárcel es absurda y discriminatoria. Un niño necesita ver lo que despierte su ilusión, llévenlos a parques nacionales, universidades y teatros», fustigó Ricardo Sancho, líder del Partido Liberación Nacional (PLN).
La polémica coincide con una fuerte embestida de la Casa Presidencial sobre el Poder Judicial. El Gobierno busca forzar reformas legales para endurecer penas, limitar las garantías procesales y aumentar los encarcelamientos en un sistema penitenciario que ya registra un alarmante 50% de hacinamiento. Con la inauguración del Cacco este año, el oficialismo intenta afianzar su política de mano dura, alejando de forma definitiva a Costa Rica de su histórica identidad pacífica como la «Suiza centroamericana».
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