El pasivo provincial creció un brutal 60% en menos de un año debido a las fuertes colocaciones internacionales de la gestión de Martín Llaryora para financiar obra pública. Aunque la recaudación actual amortigua el impacto por el retraso cambiario, el perfil de vencimientos para el próximo año electoral encendió las alarmas rojas en el Ministerio de Economía.
La velocidad del endeudamiento cordobés entró en una fase crítica. La deuda pública de la provincia de Córdoba alcanzó los U$S 3.094 millones, consolidando la cifra más alta de las últimas dos décadas. El salto fue exponencial: en junio de 2025 el pasivo se ubicaba en U$S 1.930 millones, lo que representa un incremento del 60,3% en un lapso de apenas nueve meses.
Este vertiginoso aumento responde de manera directa a la agresiva estrategia financiera global desplegada por la administración de Martín Llaryora. La Provincia lideró los mercados internacionales con dos megaemisiones de bonos: la primera en julio de 2025, por U$S 725 millones (tasa del 9,75% anual), y la segunda en enero de este año, por U$S 800 millones (tasa del 8,6%). A esto se sumó un crédito fresco de U$S 250 millones tomado en marzo para financiar la circunvalación de Río Cuarto.
El plan de obras y la ruleta rusa del dólar
El Palacio de Tejas justificó formalmente las colocaciones para concretar la recompra de títulos de vencimiento inminente y sostener un ambicioso plan de infraestructura de U$S 3.800 millones, el cual es visto como la principal plataforma para las expectativas de reelección del oficialismo de cara al año que viene. Actualmente, el grueso de los dólares obtenidos en enero se encuentra depositado en el Banco de Córdoba, utilizándose los intereses generados para pagar a las constructoras al día.
Expresado en moneda local, el pasivo total de la Provincia equivale a $4,27 billones. Paradójicamente, la salud financiera de Córdoba goza hoy de una ventaja transitoria: el 81% de la deuda está nominada en dólares, y el retraso en la cotización de la divisa permite que la relación deuda/ingresos sea manejable. Actualmente se necesitan 4,3 meses de recaudación neta para cancelar el total adeudado (lejos de los 6,9 meses requeridos en 2020). No obstante, este escenario es una bomba de tiempo: cualquier devaluación abrupta o la continuidad de la caída de la recaudación local —que ya arrastra un semestre en baja— detonaría las arcas provinciales.
El verdadero peligro: el estrangulamiento de 2027
El verdadero desafío financiero y político no se jugará este año, sino en 2027, un período que coincidirá con el calendario electoral. El cronograma de vencimientos para ese año es sumamente exigente: la Provincia deberá afrontar desembolsos por $245.000 millones en concepto de intereses y vencimientos de capital que superan los $919.000 millones, una cifra que duplica con creces las amortizaciones pautadas para este año.
Este estrangulamiento financiero se debe a que en 2027 operará el vencimiento de tres grandes títulos de deuda. Si bien la gestión de Llaryora logró recomprar una parte considerable de estos papeles con los dólares frescos del mercado internacional, el saldo remanente en manos de los acreedores sigue siendo millonario. Los analistas anticipan que, ante semejante presión, Córdoba se verá obligada a emitir nuevos títulos para «rollear» los pagos, extendiendo una larga cadena de endeudamiento que la provincia arrastra desde las gestiones de Juan Schiaretti por obras emblemáticas como los gasoductos troncales y las autovías.
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