En un giro inesperado para la agenda política local, el Arzobispado de Córdoba, encabezado por el cardenal Ángel Rossi, presentó este miércoles 22 de abril una propuesta formal para regularizar a los cuidacoches en la capital. Bajo la premisa de que «la prohibición no es la verdadera solución», la institución católica busca transformar a los «naranjitas» en agentes calificados con funciones que exceden el cuidado de vehículos, integrándolos a un sistema de protección social y control estatal.
La iniciativa eclesiástica plantea la creación de un Registro Único de Cuidadores (RUC), que dependería de evaluaciones socioambientales realizadas por equipos interdisciplinarios. El objetivo es que estos trabajadores dejen de ser figuras informales y pasen a ser considerados servidores públicos, equipados con identificación oficial, uniformes y herramientas tecnológicas que les permitan estar en contacto directo con la Policía, la Guardia Urbana y los servicios de emergencia como el 107.
El proyecto de Rossi no solo contempla el cobro por estacionamiento, sino que asigna nuevas responsabilidades: los agentes deberán reportar baches, luminarias apagadas, microbasurales y asistir a turistas o personas mayores. A cambio, la propuesta exige garantizarles seguro de accidentes, responsabilidad civil y bancarización obligatoria. Con esto, la Iglesia busca eliminar la precariedad y los conflictos derivados del cobro arbitrario en las calles, otorgando un marco de legalidad a una actividad históricamente cuestionada.
Además, el plan sugiere eliminar el cobro superpuesto con otros sistemas vigentes y prohibir la exigencia de dinero en áreas no identificadas. Para eventos masivos y espectáculos públicos, el Arzobispado propone la concesión a cooperativas de trabajo. La sociedad cordobesa recibe esta propuesta en medio de un debate recurrente sobre el espacio público, donde la Iglesia intenta mediar con una visión que prioriza la inclusión social por encima de la sanción punitiva.
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