El canciller Fernando Aramayo expuso ante el Consejo Permanente que las manifestaciones violentas buscan la desestabilización institucional del presidente Rodrigo Paz. En tanto, Estados Unidos denunció que las revueltas están financiadas por una «alianza maligna entre la política y la delincuencia organizada».
El Palacio de las Américas en Washington se convirtió este miércoles en el epicentro del debate diplomático continental. Ante el pleno del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el canciller boliviano Fernando Aramayo denunció formalmente la existencia de hechos de violencia extrema que «amenazan gravemente el orden democrático» en su país. La administración del presidente Rodrigo Paz —quien asumió el cargo en noviembre pasado— acudió al organismo para alertar que las movilizaciones registradas en las últimas dos semanas en la capital boliviana exceden el derecho a la protesta pacífica. El funcionario detalló ataques coordinados a infraestructura pública y agresiones a las fuerzas de seguridad, con el claro objetivo político de forzar la dimisión del jefe de Estado.
El origen de la crisis sociopolítica se desató a comienzos de mayo debido a reclamos salariales, la calidad del combustible y el rechazo a una ley de reforma agraria. Sin embargo, el conflicto se radicalizó con el protagonismo de agrupaciones indígenas del altiplano, extendiéndose ya a 47 bloqueos de rutas en seis de los nueve departamentos del país. El Gobierno de Bolivia endureció su postura y adelantó que aplicará «la ley en la mano» contra quienes promuevan la desestabilización. El conflicto ya provocó un fuerte alineamiento internacional: mientras la administración estadounidense de Christopher Landau calificó las revueltas como un «golpe en marcha» financiado por mafias regionales, el cruce de apoyos externos desató una paralela crisis diplomática con Colombia que incluyó la expulsión de su embajador.
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