A través de un decreto, el Poder Ejecutivo limitó la base salarial para liquidar despidos por antigüedad únicamente al sueldo básico y sumas mensuales fijas. La medida busca bajar la litigiosidad y dar previsibilidad a las empresas, pero despertó un fuerte rechazo en gremios y abogados laboralistas por el recorte en los cobros.
El Gobierno nacional oficializó una profunda reforma en el régimen de indemnizaciones laborales mediante un decreto que restringe los conceptos computables para fijar la liquidación por antigüedad. A partir de la nueva norma, la base salarial únicamente tomará en consideración el salario básico convencional y aquellas sumas remunerativas que revistan un carácter estrictamente normal, habitual y mensual. Esta decisión deja fuera del cálculo a los bonos, los premios, las horas extras, el aguinaldo (SAC), la participación en las ganancias, el plus vacacional y cualquier tipo de asignación no remunerativa o pago extraordinario.
Especialistas del sector advirtieron que la medida impactará de lleno en los trabajadores que perciben ingresos variables, quienes sufrirán una reducción significativa en sus cobros en caso de despido, mientras que aquellos con sueldos fijos verán cambios menores. Desde el sector empresarial y el Poder Ejecutivo argumentaron que la iniciativa busca aportar previsibilidad financiera a las pymes y frenar la denominada industria del juicio. Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) y referentes del fuero laboralista adelantaron que la disposición abre un escenario de alta conflictividad judicial, donde los tribunales deberán determinar la validez de la norma en cada demanda particular.
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