El referente de la UCR unificó la estrategia opositora junto a Luis Juez y activó tres frentes institucionales simultáneos. Apunta a los magistrados por liberar al imputado en una causa previa y por supuestas fallas en la instrucción actual, al tiempo que presiona por la salida del ministro Juan Pablo Quinteros.
El trágico desenlace del femicidio de Agostina Vega rompió los límites de las crónicas policiales para transformarse en una feroz crisis política e institucional de alcance provincial. El referente de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo de Loredo, alineó sus huestes legislativas con la estrategia de destitución que venía promoviendo el senador Luis Juez y anunció de manera formal una triple ofensiva que promete sacudir los cimientos de los tres poderes del Estado. La avanzada opositora contempla el pedido de jury de enjuiciamiento contra los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez, una nueva exigencia de remoción para el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y la expulsión del concejal peronista Ricardo Moreno del cuerpo deliberativo de la capital.
El planteo judicial contra los magistrados se divide en dos líneas temporales de responsabilidades técnicas. El bloque radical impugna al fiscal Iván Rodríguez por haber otorgado la libertad a Claudio Barrelier en mayo de 2025, en el marco de una causa previa por privación ilegítima de la libertad en la que el acusado apenas purgó 20 días de detención en el penal de Bouwer. En tanto, la acusación contra el fiscal de instrucción actual, Raúl Garzón, se fundamenta en supuestas deficiencias y demoras burocráticas en el despliegue de las primeras 48 horas de rastrillajes. Desde la Legislatura Unicameral, los jefes de bancada Matías Gvozdenovich y Mauricio Jaimes calificaron el crimen de la menor de 14 años como «el final de una trama de manejos políticos» y exigieron informes urgentes al Polo de la Mujer y a la Secretaría de Niñez (SeNAF) para constatar si existían alertas previas omitidas por el Estado.
Paralelamente, el conflicto caló hondo en el Concejo Deliberante capitalino, donde la jefa de la bancada radical, Elisa Caffaratti, materializó el pedido de destitución del edil oficialista Ricardo Moreno, titular de las 62 Organizaciones Peronistas. La oposición acusa a Moreno de actuar como el «padrino político» del imputado, basándose en un polémico audio de militancia donde el propio edil reconocía haber gestionado el ingreso de Barrelier a la estructura de becas de la Municipalidad de Córdoba durante las últimas dos administraciones del Palacio 6 de Julio, además de haber sido su abogado defensor en los litigios del año pasado. Mientras el oficialismo provincial intenta blindar sus cuadros y despegarse del sospechoso, los bloques opositores advirtieron que no permitirán que las dependencias del Estado funcionen como un «aguantadero de la mala política».
Acerca del autor
