La Cámara en lo Criminal y Corrección de 11ª Nominación fijó el inicio del debate para el próximo 21 de septiembre. La hija del conductor televisivo está imputada de haber asaltado un local de celulares y de destrozar el vehículo de una de sus exparejas. Los denunciantes rechazaron un resarcimiento económico y exigieron el juicio.
Los frentes judiciales que asedian a Morena Rial amenazan con sepultar de manera definitiva su libertad en el corto plazo. En las últimas horas, la Justicia cordobesa dio un paso decisivo al fijar de manera oficial la fecha de inicio del juicio oral y público en su contra para el próximo 21 de septiembre a las 14:00 horas, bajo cargos de robo, hurto, amenazas y coacción agravada. El proceso se ventilará en la Cámara en lo Criminal y Corrección de 11ª Nominación de la capital provincial.
La querella, representada por el penalista Carlos Nayi, impulsa las dos causas unificadas que motivaron la elevación a juicio. Por un lado, se la acusa de haber vandalizado y amenazado a su expareja, Dylan Rodríguez, dañando severamente su automóvil. Por el otro, está señalada como partícipe del robo de teléfonos celulares de alta gama en un comercio perteneciente a la familia de otra de sus antiguas parejas, Facundo Ambrosioni Lutri. Semanas atrás, la defensa de la joven de 27 años había intentado esquivar el banquillo mediante el pedido de una probation (suspensión del juicio a prueba) acompañado de una oferta de reparación económica para resarcir los daños; sin embargo, tanto Rodríguez como Ambrosioni rechazaron de plano el dinero y exigieron llegar a las últimas consecuencias penales.
La situación de la mediática es extremadamente delicada y con pronóstico de prisión efectiva inmediata debido a sus pesados antecedentes en la provincia de Buenos Aires. Morena Rial cumple actualmente arresto domiciliario tras haber pasado varios meses alojada en el penal de mujeres de Magdalena, imputada por una seguidilla de robos bajo la modalidad de «escruche» (mediante escalamiento y rotura de aberturas) en countries de San Isidro. Si bien en marzo firmó un juicio abreviado con el fiscal Patricio Ferrari para recibir una condena de tres años de prisión efectiva, el acuerdo aún aguarda la homologación de la jueza María Coelho. Ante este panorama, una eventual condena en los tribunales de Córdoba unificaría las penas, obligándola a regresar tras las rejas de un establecimiento penitenciario común de forma ineludible.
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