En Villa Dolores, el reclamo en la plaza principal de la ciudad fue esta vez por los derechos de los animales. Los vecinos se autoconvocaron para exigir penas más severas ante recientes y crueles casos de violencia, además de reclamar un plan más avanzado de castraciones municipales para mitigar la proliferación de perros callejeros. Las denuncias ya llegaron a la Justicia.
Una masiva y poco habitual movilización vecinal alteró la rutina del Valle de Traslasierra en la provincia de Córdoba. Vecinos y activistas de la ciudad de Villa Dolores se manifestaron públicamente para repudiar el maltrato animal y exigir políticas públicas eficientes. La convocatoria, que tuvo como epicentro la plaza principal de la localidad, cobró fuerza tras registrarse graves episodios de crueldad extrema contra mascotas que derivaron en denuncias penales.
La reacción comunitaria maduró a raíz de hechos específicos que conmocionaron a la población local: un perro callejero que fue asesinado por un automovilista que lo pisó repetidas veces de manera intencional, y el envenenamiento simultáneo de dos canes en otro sector de la ciudad. Ambos expedientes ya se encuentran bajo órbita judicial a la espera de resoluciones de los magistrados intervinientes. «La situación era alarmante por la crueldad, por eso nos autoconvocamos a una marcha», argumentó Susana Bergoglio, proteccionista independiente de la zona.
El reclamo por el Programa de Equilibrio Poblacional
Las referentes de la movilización hicieron hincapié en que la problemática no solo radica en la violencia directa, sino también en la falta de prevención sanitaria y el control de la fauna urbana. En ese sentido, exigieron a las autoridades la aplicación efectiva del Programa de Equilibrio Poblacional de Animales, un proyecto respaldado por la Red de Políticas Públicas Nacionales que hasta el momento no obtuvo respuestas por parte del municipio.
Maricel Granero, vecina con años de trayectoria en el sector proteccionista, aportó datos estadísticos sobre el déficit en la materia: «De acuerdo a ese proyecto, en esta ciudad se deberían hacer unas 320 castraciones por mes, y hoy se están haciendo solamente 70», comparó. Asimismo, detalló que hasta el año 2024 se superaban los 150 procedimientos mensuales, lo que explica la actual proliferación de animales callejeros que genera inconvenientes de salud pública y seguridad tanto para las mascotas como para los ciudadanos.
El pedido de penas ejemplares y consulta popular
Por su parte, el abogado y referente Cristian Casas Cassataro destacó el fuerte acompañamiento a la protesta a pesar de las bajas temperaturas y puso el foco en las debilidades de la legislación vigente. El letrado explicó que la Ley Nacional 14.346 de maltrato animal prevé escalas penales totalmente desactualizadas —de 15 días a un año de prisión— que impiden el cumplimiento de reclusión efectiva para los culpables. Ante este escenario, reclamó que la Justicia declare a los animales como «seres sintientes» y aplique condenas alternativas como tareas comunitarias obligatorias.
Con el objetivo de institucionalizar el reclamo, el arco proteccionista de Villa Dolores comenzó una campaña de recolección de firmas con la meta de impulsar una consulta popular. Los organizadores sostienen que la inversión presupuestaria necesaria para optimizar el centro de castraciones es plenamente accesible para las arcas de la intendencia o mediante un cofinanciamiento con el gobierno de la provincia.
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