En un revés político y jurídico para el Gobierno Nacional, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja admitió este jueves 23 de abril un amparo colectivo que busca frenar el desfinanciamiento en el área de discapacidad. La resolución del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba pone bajo la lupa la gestión del gobierno nacional, denunciada por el incumplimiento de la ley y el corte sistemático en la cadena de pagos de programas críticos como Incluir Salud y PAMI, afectando a miles de beneficiarios en toda la provincia.
La decisión judicial reconoce la «posición de vulnerabilidad» del colectivo afectado y valida la demanda presentada por la abogada Marta Lastra. Desde el plano político, el fallo expone la invalidez de los decretos con los que el Ejecutivo intentó suspender la ley de emergencia, una maniobra que la Justicia ya había declarado nula pero que la administración central continúa aplicando de hecho. El magistrado fue tajante al señalar que el actual sistema no solo desfinancia instituciones, sino que pone en riesgo la dignidad y el futuro de las personas más desprotegidas.
Este amparo colectivo representa una derrota para la estrategia oficial de fragmentar los reclamos, ya que la sentencia definitiva tendrá efecto sobre todos los titulares de pensiones no contributivas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). La abogada de la causa destacó que la vía judicial es la única respuesta ante un Gobierno que ignora las normativas vigentes y adeuda pagos desde diciembre pasado. Mientras tanto, el sector prestador advierte que el sostenimiento de los servicios es imposible sin el flujo de fondos nacionales que hoy se encuentran retenidos por una decisión política de ajuste fiscal.
La sociedad cordobesa observa cómo la disputa entre el rigor de las cuentas nacionales y los derechos humanos básicos se traslada a los tribunales federales. Con esta admisión, Vaca Narvaja habilita un paraguas legal que protege a las familias frente al «desgastante camino individual» que pretendía imponer el Estado. El conflicto escala así a una instancia donde la Justicia deberá decidir si la política económica puede pasar por encima de las leyes de protección social vigentes y los tratados internacionales de rango constitucional.
Acerca del autor
