Un bloque de más de 150 intendentes y jefes comunales de Córdoba se plantó ante la delegación local del PAMI para exigir la regularización inmediata de una deuda que asfixia las arcas municipales. Los mandatarios denuncian atrasos de hasta nueve meses en los pagos por prestaciones médicas y traslados de emergencia, una situación que obliga a los pueblos del interior a costear con fondos propios servicios que corresponden exclusivamente a la obra social nacional.
La movilización, ocurrida este miércoles 22 de abril, puso de manifiesto un quiebre en la relación entre los gobiernos locales y el organismo nacional. Según los datos presentados por los jefes comunales, la deuda acumulada solo en el interior supera los 500 millones de pesos, aunque proyecciones del Ministerio de Salud provincial elevan la cifra global a más de 4.700 millones de pesos si se consideran intereses y recupero de gastos. Los intendentes advirtieron que los dispensarios y hospitales municipales están sosteniendo el sistema sanitario «sin respaldo financiero», poniendo en riesgo la atención de miles de jubilados.
Uno de los puntos más críticos del reclamo es la deficiencia en el sistema de traslados. Los intendentes detallaron que las ambulancias contratadas por el PAMI presentan demoras operativas inaceptables, lo que fuerza a las gestiones municipales a utilizar sus propias unidades y personal para garantizar las urgencias. Esta sustitución de funciones no solo genera un desequilibrio económico en las comunas, sino que también estresa un sistema público que ya opera al límite de sus capacidades.
La nota formal presentada ante la Jefatura de la Delegación Córdoba exige una mesa de trabajo permanente y un esquema de pagos previsible. Los mandatarios denunciaron además la falta de interlocutores válidos, asegurando que los intentos de comunicación telefónica y administrativa han sido ignorados sistemáticamente durante los últimos meses. La incertidumbre también alcanza a las farmacias y prestadores privados, quienes ante la falta de cobro podrían comenzar a restringir servicios esenciales.
La sociedad cordobesa asiste a un escenario donde la salud de los adultos mayores se convierte en moneda de cambio de una crisis financiera profunda. Sin respuestas concretas por parte de la Nación, los municipios advierten que el deterioro de las prestaciones es inminente. El reclamo conjunto busca frenar un vaciamiento de recursos que, de persistir, terminará por quebrar la red de contención sanitaria en los puntos más alejados de la provincia.
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