El Ministerio de Seguridad de Córdoba oficializó este miércoles 22 de abril una resolución que pone fin a la impunidad económica ante las falsas alarmas en establecimientos educativos. A partir de ahora, los padres o adultos responsables de menores que realicen amenazas de tiroteos o bombas deberán costear la totalidad del despliegue policial, incluyendo recursos humanos, combustible y el uso de brigadas especiales que se movilicen ante cada incidente.
La medida, impulsada por el ministro Juan Pablo Quinteros, surge como respuesta a la seguidilla de intimidaciones públicas que alteraron el orden en diversas escuelas cordobesas durante las últimas semanas. El protocolo establece que, una vez identificado e imputado el autor por la Justicia, el Estado cuantificará el gasto operativo de patrulleros, bomberos y peritos de explosivos para intimar al resarcimiento inmediato. En caso de incumplimiento, la Provincia iniciará acciones judiciales para garantizar el reembolso de los fondos públicos utilizados.
Desde la cartera de Seguridad enfatizaron que estas situaciones no pueden ser consideradas simples travesuras, ya que desvían recursos críticos que deberían estar destinados a la prevención del delito en los barrios. El despliegue de unidades especiales y sistemas de emergencia desguarnece operativamente a la ciudad, generando un perjuicio directo a la seguridad ciudadana. La resolución busca, mediante el impacto al bolsillo, desalentar conductas que generan pánico en la comunidad educativa y en las familias.
El Ministerio Público Fiscal y la Policía de Córdoba trabajarán de manera coordinada para agilizar las investigaciones y la identificación de los responsables. Con esta política de «tolerancia cero», el Gobierno provincial ratifica que el costo de la distracción policial no debe recaer sobre los contribuyentes, sino sobre quienes infrinjan la norma. La sociedad asiste a un cambio de paradigma donde la responsabilidad civil de los adultos será la clave para frenar la ola de falsas alarmas en las aulas.
