La Comisión de Seguridad de la Unicameral analiza de manera conjunta los proyectos de Oscar Saliba, Oscar Agost Carreño y el Poder Ejecutivo. Aunque las tres propuestas coinciden en la urgencia de desarticular los puntos de venta de drogas para combatir el narcomenudeo, Juntos por el Cambio expresa malestar y acusa al gobernador Martín Llaryora de «apropiarse» de una agenda que ellos impulsaron primero.
La Unicameral cordobesa se convirtió este miércoles en el escenario de una intensa disputa política que trasciende la letra fina de los textos normativos. La Comisión de Seguridad debate tres proyectos de ley que buscan otorgar herramientas legales para desarticular, reutilizar o demoler inmuebles utilizados como búnkeres de narcomenudeo. Sin embargo, la discusión sumó un fuerte componente de tensión partidaria debido a los duros reclamos de la oposición, que acusa al peronismo de «adueñarse» de una agenda que ellos instalaron meses atrás en el recinto.
El conflicto de autoría se originó luego de que el gobernador Martín Llaryora, en compañía de sus ministros Julián López y Juan Pablo Quinteros, presentara un proyecto propio del Ejecutivo. Desde el radicalismo recordaron con fastidio que la primera iniciativa ingresada pertenecía al legislador radical Oscar Saliba —acompañada por las firmas de gran parte del arco opositor—, seguida tiempo después por una propuesta complementaria del representante del PRO, Oscar Agost Carreño. A pesar del consenso generalizado sobre la urgencia de golpear las estructuras logísticas de las bandas barriales, el tratamiento legislativo dejó expuestas profundas diferencias de enfoque técnico, metodológico y judicial.
Tres miradas sobre el combate al narcomenudeo
El texto de la UCR (Saliba) es el de enfoque más punitivo y de visibilización. Propone crear un Registro Provincial bajo la órbita de la Fiscalía General, armar mapas georreferenciados y facultar al Fuero Antinarcotráfico a ordenar la demolición inmediata de los búnkeres. Además, incluye una medida polémica: escrachar los inmuebles con carteleras públicas que recen “Búnker narco desarticulado” o “derribado”.
Por su parte, el enfoque urbano del PRO (Agost Carreño) amplía el espectro delictivo no solo al narcotráfico, sino a inmuebles destinados a la trata de personas, desarmaderos y acopio de armas. Apuesta a un Sistema de Recuperación de Inmuebles Criminales para reconvertir esos búnkeres en centros comunitarios, dependencias sociales y espacios recreativos en articulación con comunas y centros vecinales.
Finalmente, la propuesta del Ejecutivo (Llaryora) presenta una arquitectura administrativa más abarcativa que regula tanto búnkeres como inmuebles abandonados que representen riesgos. Traza un procedimiento con actas y revisiones previas, remarcando que cualquier medida irreversible (como el desalojo o la demolición) requerirá exclusivamente de aval judicial para blindar la norma contra reclamos de inconstitucionalidad. Además, crea una Unidad Interagencial y modifica el reparto de fondos decomisados: 60% para la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y 40% para programas de Justicia.
Un debate que recién comienza
Hacia el final de la jornada de comisiones, oficialistas y opositores coincidieron en que el objetivo de fondo está unificado: erradicar los quioscos de droga que destruyen los barrios. No obstante, el desafío de las próximas semanas será pulir las disidencias técnicas para lograr un despacho único que armonice el poder de policía del Estado con las debidas garantías constitucionales de los procesos judiciales.
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