Un informe del Ministerio de Capital Humano de la Nación reveló que en la provincia de Córdoba existen 588 personas en situación de calle, en el marco del primer relevamiento oficial de este tipo bajo la Ley 27.654. Los datos, difundidos este jueves 23 de abril, exponen una realidad dramática que golpea principalmente a los centros urbanos como la Capital, Alta Gracia y San Francisco, donde la falta de vivienda y empleo empuja a cientos de ciudadanos a la intemperie.
El censo nacional, que contabilizó un total de 9.241 personas en todo el país (aunque excluyó a cinco provincias), muestra que la problemática es mayoritariamente masculina, con un 83% de varones afectados. En la ciudad de Córdoba, la Municipalidad identifica al menos 300 casos considerados «agudos», de los cuales la mitad carece de asistencia directa y depende de instituciones de la sociedad civil. Las causas detrás de este fenómeno son estructurales: conflictos familiares, consumos problemáticos y, fundamentalmente, la pérdida del trabajo en un contexto económico asfixiante.
El desglose estadístico es alarmante: el 52% de los censados no terminó el secundario y un 9% ni siquiera cuenta con Documento Nacional de Identidad, lo que los excluye de cualquier red de contención formal. Además, el informe destaca que el 59% de estas personas lleva más de dos años viviendo en la vía pública, consolidando una situación de marginalidad crónica. Apenas el 8% de los afectados percibe algún tipo de ingreso estatal, como jubilaciones o pensiones, dejando al resto a merced de changas informales o de la solidaridad en comedores.
Pese a que el relevamiento es un paso necesario para diseñar políticas públicas, el estudio evidencia una falta de coordinación entre la Nación y las provincias, reflejada en la ausencia de datos del Conurbano Bonaerense. Mientras el Ministerio de Capital Humano promete la creación de una Red Nacional de Dispositivos de Atención, la sociedad cordobesa observa con angustia cómo la pobreza extrema se vuelve parte del paisaje urbano. La estadística oficial no es solo un número; es la confirmación de una deuda social que el Estado, en todos sus niveles, aún no logra saldar.
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